La “Consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad”, alcanza también a las múltiples situaciones que atraviesan las escuelas a la hora de recibir niños y adolescentes con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Entre tanto, al hablar de esta realidad, el Papa Francisco nos ilumina; suele decir que: “todos juntos somos Iglesia” y “queremos aprender – en el proceso sinodal que hemos emprendido – que ella no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino”. (Mensaje del día Internacional de la Discapacidad, noviembre 2021)
Desde hace algunos meses, las autoridades nacionales – sobre la base de lo enunciado en los artículos 4 y 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – convocaron a participar de la consulta federal para una nueva ley de discapacidad, para que todos los interesados puedan brindar aportes que nutran el debate hacia el proyecto que reemplace la Ley 22.431.
Es una situación que sigue generando instancias de diálogo e intercambio federal para recopilar aportes y opiniones de la sociedad civil, sectores clave, y de las personas con discapacidad y sus familias.
Las escuelas pueden escuchar a estos protagonistas y reflexionar desde la perspectiva de ellos, de su conocimiento y reconocimiento de las necesidades reales y posibilidades que ofrecen cada circunstancia, para atender y propiciar el desarrollo de sus aprendizajes.
Muchos son los documentos que hablan de cómo la escuela católica experimenta la inclusión y se aventura en un proceso institucional que dinamiza a toda la comunidad: ella implica y convoca a los diferentes actores, afecta la organización de los tiempos y de los espacios escolares, y establece nuevos acuerdos acerca de los modos de aprender y de enseñar.
¿Qué es la Nueva Ley de Discapacidad?
Según la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS; “la nueva ley será una ley de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del modelo social que entiende a la persona primero, como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales”. El organismo oficial señala también que “se tratará de una ley que promueve diseños universales de todos los entornos; que entiende a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad, en todas sus esferas”.
¿Es necesaria? Desde el ámbito gubernamental sostienen que en Argentina, la Ley 22.431, sancionada en 1981, instituyó el denominado “sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, una normativa “con un anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho; que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de contención diferenciales y segregacionistas”.
ANDIS propone entonces “efectivizar un cambio de paradigma”, y consolidar un marco normativo “que interpele a la sociedad en su conjunto para lograr la inclusión plena”. La Nueva Ley de Discapacidad representaría este paso, “condición necesaria para una transformación estructural que funde las bases de igualdad, autonomía y equidad”.
El proceso de Consulta Federal estuvo abierto desde el 21 de marzo hasta el 15 de junio. Pero, según informaron en ANDIS, todavía están abiertos y pueden completarse los campos obligatorios que plantea el formulario, organizado por ejes temáticos: Educación. Trabajo. Salud. Protección Social. Accesibilidad. Participación Política. Vida autónoma e independiente.
El director de este organismo, licenciado Fernando Galarraga, expresó que “con esta ley que vamos gestar entre todos, queremos construir oportunidades para la vida de la comunidad. Las personas con discapacidades no somos seres angelicales, ni niños o niñas toda la vida, somos de carne y hueso, con potencialidades, contradicciones y deseos y con el interés de ser personas vívidas en todos los espacios, educativos y comunitarios”.
“Y en lo educativo – dijo – será clave el trabajo a nivel federal. cada jurisdicción tiene sus competencias, pero tenemos la firme decisión de transformar todos los sistemas educativos con perspectiva de discapacidad”.
