En la publicación de este mes seguimos profundizando en algunos de los acuerdos arribados en nuestro itinerario del diálogo hacia un pacto educativo argentino.

En esta oportunidad corresponde ahondar en la propuesta de que “todas las niñas, niños y adolescentes estén en la escuela y por más tiempo”. 

Si bien esta definición tuvo amplio consenso, es necesario “desmenuzar” de qué estamos hablando. 

Como dice el propio documento de trabajo, esta propuesta requiere, entre otras cosas, ”… la redefinición de la jornada escolar y la participación de otros actores comunitarios en la corresponsabilidad educativa. Incluye, en primer lugar, a las familias, a los propios estudiantes y a la comunidad que recíprocamente es influenciada por la escuela… Con el objeto de generar igualdad de oportunidades de acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, no solamente se debe hacer hincapié en la comunidad educativa, sino también en la relación de la escuela con los otros actores comunitarios: el municipio, los clubes, los empleadores, los sindicatos, todos los estamentos que directa o indirectamente se vinculan con la educación para posibilitar acompañar una trayectoria educativa continua”.

En febrero de este año, el Papa Francisco les decía a los participantes del Congreso organizado por la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española “ «Todos tienen derecho a la educación, nadie debe ser excluido … sin olvidar a nadie. Sensibles a las nuevas exclusiones que genera la cultura del descarte”

En nuestra anterior publicación ya resaltábamos de la necesidad que la escuela asuma un rol de articulador de la comunidad. No solo se aprende en el aula, en la escuela, hay otros ámbitos de la vida de nuestros estudiantes en los cuales ellos aprenden y que requieren ser articulados con una intencionalidad educativa, para dar respuesta a sus necesidades en el mundo actual.

Es necesario pensar, con creatividad, nuevos espacios, modalidades, estrategias, organizaciones institucionales flexibles y adaptables a las distintas necesidades y el marco normativo que lo permita, para asegurar un acceso igualitario a la educación y que todos tengan la posibilidad de desarrollar su propio proyecto de vida.

Un nuevo desafío para que la educación sea una política de Estado