Este número de la revista hemos querido reflexionar prioritariamente sobre la inclusión de las personas con discapacidad. La temática ha sido puesta nuevamente sobre el tapete con motivo de algunas iniciativas legislativas a nivel nacional y, en particular, por la “Consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad” impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cuyo objetivo es promover la reforma de la Ley N° 22.431 que reguló, allá por el año 1981, el Sistema de protección integral de los discapacitados.
La temática me interpela personalmente, es desde mi propia experiencia personal y profesional que me introduzco en esta reflexión y los invito también a Uds. a hacerlo. Soy hermano de una persona con discapacidad, mayor que yo, por lo que siempre dije que fui yo quien se incluyó en mi familia y no mi hermana la que debió incluirse. Como les contara en otra oportunidad pertenezco a una parroquia de la Obra Don Orione, por lo que la realidad de las personas con discapacidad estuvo siempre presente en mi formación. Finalmente, el año pasado tuve la oportunidad de coordinar a nivel nacional un programa regional de la CEPAL, en el que pudimos desarrollar con el apoyo y la participación de profesionales y organizaciones de y para personas con discapacidad, una propuesta concreta de adecuación de cursos de formación profesional generando la adaptación de materiales didácticos y una guía para los instructores dirigida a favorecer la adaptabilidad de los cursos, que fue asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para su oferta formativa.
Lo primero que debiéramos preguntarnos es por qué resulta necesario cambiar dicha normativa. Para ello es necesario recordar que por medio de la Ley N° 26.378, nuestro país aprobó en el año 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. Dicha convención fue elevada a jerarquía constitucional en el año 2014 por medio de la Ley N° 27044, incorporando dicha convención entre los tratados de derechos humanos enunciados en el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
La principal modificación que incorpora la Convención es el cambio de un paradigma médico asistencial, reflejado en la Ley N° 22.431, al paradigma social. Para verlo con mayor claridad, mientras la ley sancionada en el año 1981, define en su artículo 2° que “se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”, la Convención establece que el propósito de la misma es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” y agrega “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”(Artículo 1)
Resulta un cambio sustancial desde una perspectiva de derechos, donde las barreras se encuentran en el entorno social y no en la persona. Es sustancial entender este cambio de perspectiva para analizar nuestros propios comportamientos hacia dentro de nuestras instituciones educativas.
Los artículos que les proponemos en esta publicación, lejos de cerrar el debate quieren iniciar una reflexión seria sobre la temática, con distintas visiones y opiniones que, puestas en un diálogo centrado en la persona y en sus derechos, se oriente a buscar las mejores y más diversas estrategias que posibiliten una inclusión real, apartada de posicionamientos ideológicos que en nada sirven a la búsqueda de soluciones, generando, algunas veces, nuevas postergaciones o frustraciones a las personas con discapacidad y a sus familias.
Nuestros esfuerzos deben orientarse a reconocer las necesidades de nuestros estudiantes y dar respuesta a su diversidad, mediante la implementación de las mejores estrategias a nuestro alcance para que logren sus objetivos. Para ello, es necesario reconocer nuestras propias barreras y trabajar en ellas, comenzar un camino juntos, las instituciones educativas, las personas con discapacidad y sus familias con el único objetivo de encontrar lo mejor para cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Este número de nuestra revista quiere ser un modesto aporte a la reflexión que posibilite seguir dando pasos firmes.
